Ejecución del inmueble destinado a vivienda en la provincia de Córdoba : consecuencias del fin de la emergencia pública / Andrés Juan Ángel Casale ; director Gonzalo Gabriel Carranza

por Casale, Andrés Juan Ángel; Carranza, Gonzalo Gabriel [dir.].
Tipo de material: materialTypeLabelLibroEditor: [S.l.] : [s.n.], 2019Descripción: 70 p. ; 31 cm.Materia(s): DERECHO PROCESAL | PROTECCIÓN DE LA VIVIENDA | EMERGENCIA ECONÓMICA | CÒRDOBA (ARGENTINA)Recursos en línea: Haga clic para acceso en línea
Contenidos parciales:
Introducción. Capítulo 1: Fundamentos normativos de la protección de la vivienda. Capítulo 2: Protección de la vivienda a nivel federal. Capítulo 3: La emergencia y su impacto en la protección de la vivienda. Capítulo 4: La protección de la vivienda en la provincia de Córdoba y el fin de la emergencia económica. Conclusiones. Bibliografía.
Nota de disertación: Tesis (Especialización en Derecho Procesal de las Ejecuciones) -- Universidad Blas Pascal, 2019. Revisión: El derecho a la vivienda, entendido como un derecho humano fundamental, se encuentra reconocido expresamente en un amplio conjunto de instrumentos internacionales. Por su relación con otros derechos humanos, constituye una suerte de paradigma mayor del principio de interdependencia e indivisibilidad de los mentados derechos y su satisfacción resulta obligatoria para el Estado por ser norma de observancia inmediata y de carácter progresivo. La entrada en vigor del Código Civil y Comercial ha generado un giro en el análisis doctrinal sobre la ejecución del bien destinado a vivienda. Analizando fuentes secundarias y terciarias se advierte cómo la protección dispuesta por el código de fondo al inmueble, en particular la establecida en su art. 456, ha modificado la base sobre la cual muchos tribunales optaban por declarar la inconstitucionalidad de normas provinciales. Sumado a lo anterior, debido a la sucesión de leyes nacionales y provinciales de emergencia que suspendieron la ejecución de vivienda desde el año 2002 en adelante, cabe también preguntarse si el hecho de no haberse prorrogado la emergencia económica en diciembre de 2017 hace o no cesar tal estado de incertidumbre. Si bien puede decirse que la sanción del CCyC no modificó la interpretación que le cabe al art. 58 CP y a su ley reglamentaria, evidentemente ayudó a repensar institutos ya existentes en el ordenamiento argentino, y tal debate doctrinario y jurisprudencial puede llevarnos a lograr la ansiada maximización de los derechos humanos y al derecho a la vivienda digna en particular. Por aplicación de los Tratados internacionales de Derechos Humanos sobre la materia, en el instituto bajo análisis toman protagonismo los principios de progresividad y pro homine, que obligan al intérprete a escoger -dentro de lo que la norma posibilita-, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana y a adoptar las medidas necesarias (administrativas, legislativas o jurisdiccionales) para lograr, de manera paulatina, la plena efectividad de los derechos reconocidos. Por lo que, una vez asumida la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de vivienda, éste debe garantizar el progresivo ejercicio del derecho humano, evitando eludir la aplicación de una ley por cuestiones de competencia legislativa.
Tipo de ítem Ubicación actual Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras
Tésis Tésis Campus
Tesis Posgrado D-P-EJEC 01 (Navegar estantería) 1 Disponible T-3821/ej.1

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Tesis (Especialización en Derecho Procesal de las Ejecuciones) -- Universidad Blas Pascal, 2019.

Incluye bibliografía.

Introducción. Capítulo 1: Fundamentos normativos de la protección de la vivienda. Capítulo 2: Protección de la vivienda a nivel federal. Capítulo 3: La emergencia y su impacto en la protección de la vivienda. Capítulo 4: La protección de la vivienda en la provincia de Córdoba y el fin de la emergencia económica. Conclusiones. Bibliografía.

El derecho a la vivienda, entendido como un derecho humano fundamental, se encuentra reconocido expresamente en un amplio conjunto de instrumentos internacionales. Por su relación con otros derechos humanos, constituye una suerte de paradigma mayor del principio de interdependencia e indivisibilidad de los mentados derechos y su satisfacción resulta obligatoria para el Estado por ser norma de observancia inmediata y de carácter progresivo. La entrada en vigor del Código Civil y Comercial ha generado un giro en el análisis doctrinal sobre la ejecución del bien destinado a vivienda. Analizando fuentes secundarias y terciarias se advierte cómo la protección dispuesta por el código de fondo al inmueble, en particular la establecida en su art. 456, ha modificado la base sobre la cual muchos tribunales optaban por declarar la inconstitucionalidad de normas provinciales. Sumado a lo anterior, debido a la sucesión de leyes nacionales y provinciales de emergencia que suspendieron la ejecución de vivienda desde el año 2002 en adelante, cabe también preguntarse si el hecho de no haberse prorrogado la emergencia económica en diciembre de 2017 hace o no cesar tal estado de incertidumbre. Si bien puede decirse que la sanción del CCyC no modificó la interpretación que le cabe al art. 58 CP y a su ley reglamentaria, evidentemente ayudó a repensar institutos ya existentes en el ordenamiento argentino, y tal debate doctrinario y jurisprudencial puede llevarnos a lograr la ansiada maximización de los derechos humanos y al derecho a la vivienda digna en particular. Por aplicación de los Tratados internacionales de Derechos Humanos sobre la materia, en el instituto bajo análisis toman protagonismo los principios de progresividad y pro homine, que obligan al intérprete a escoger -dentro de lo que la norma posibilita-, el resultado que proteja en
mayor medida a la persona humana y a adoptar las medidas necesarias (administrativas, legislativas o jurisdiccionales) para lograr, de manera paulatina, la plena efectividad de los derechos reconocidos. Por lo que, una vez asumida la responsabilidad internacional del Estado argentino en materia de vivienda, éste debe garantizar el progresivo ejercicio del derecho humano, evitando eludir la aplicación de una ley por cuestiones de competencia legislativa.

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